Desde el PP se exige una comparecencia inmediata del Alcalde a los efectos de anunciar el cese de su concejal de Urbanismo, después de que reconociera en la comisión de infraestructuras celebrada el lunes que el nuevo contrato de alquiler con opción a compra que se va a firmar con el propietario del inmueble contiguo al del ayuntamiento, que alberga la OIAC, es un “artificio para poder pagarle 3.000 € mensuales de junio a diciembre de 2017”, muy por encima de los 2.250€ mensuales fijados como máximo en la valoración técnica.
Resulta vergonzoso que el mismo tripartito que hace menos de 20 días decía que renunciaba a ejecutar la opción de compra que posibilitaba en junio la adquisición del inmueble, por el elevado coste de las obras de adecuación que requeriría, ahora haga un contrato de alquiler de tres años introduciendo una nueva opción de compra a ejecutar en diciembre de 2017, a sabiendas que no hay ninguna intención de ejecutarla, puesto que así se ha dicho públicamente, como mecanismo a través del cual poder pagar 3.000 € mensuales al propietario, en lo que es un fraude escandaloso en contra del interés municipal.
El nuevo contrato del tripartito supondrá que de junio a diciembre de 2017 pagaremos mensualmente 1.500€ de alquiler más 1.500 € por una opción de compra, pasando de enero de 2018 a junio de 2020 a pagar 2.250 € mensuales de alquiler. Estamos ante un chanchullo del tripartito, puesto que con el nuevo contrato pretenden pagar por algo que, de antemano, ya han dicho no van a utilizar.
Además se constata la contradicción de un tripartito que después de haber dicho públicamente que la valoración técnica del inmueble hecha en 2014 estaba desactualizada, y que por lo tanto el valor del inmueble en la actualidad sería menor que lo que se fijó en 2014. Acaba firmando un nuevo contrato que, no sólo introduce una opción de compra fraudulenta, en la medida en que se va a pagar sabiendo de antemano que no se va ejecutar, sino que además suben el precio de alquiler a partir de enero de 2018.
La degradación a la que el tripartito está sometiendo al Ayuntamiento de Vinaròs ha llegado a un punto máximo en el que reconocen abiertamente en una comisión la realización de un contrato fraudulento, pensando que, por ser gobierno, pueden hacer lo que quieran.